#18D dia internacional das pessoas migrantes
Uma semana após a comemoração do 75º aniversário da Declaração Universal dos
Direitos Humanos, nos concentramos na frente da sede da EU, em Barcelona, para reivindicar
o Direito de Migrar e para mostrar total rejeição ao novo Pacto Europeu de
Migração e o Asilo.
Manifesto das organizações da sociedade civil:POR UN MEDITERRÁNEO Y UN SUR
GLOBAL DONDE SE RESPETE LA VIDA: POR LOS DERECHOS DE MIGRACIÓN Y ASILO
Manifiesto de
la sociedad civil ante el VIII Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo
Miles de
personas se ven obligadas a migrar, abandonando sus hogares y su entorno, en
búsqueda de protección y oportunidades. Las causas que hay detrás son diversas
y profundas: el extractivismo colonial y la agenda neoliberal que ha ejercido
históricamente la UE y otras potencias mundiales, los conflictos existentes en
sus países de origen, los efectos del cambio climático y la degradación
medioambiental, las vulneraciones de derechos humanos y el auge de los
autoritarismos, son algunas de las principales.
Actualmente,
el mar Mediterráneo y la ruta a Canarias se han convertido en una de las rutas
migratorias más peligrosas del mundo. Según datos de Caminando Fronteras,
entre 2018 y 2022, en la frontera occidental euroafricana se contabilizaron
11.522 víctimas, de las cuales 7.865 fueron a través de la ruta a Canarias.
Desde que las llegadas de personas a la UE del año 2015 pusieran de manifiesto
las deficiencias de las políticas migratorias y de asilo europeas, los Estados
miembros, incapaces de ponerse de acuerdo en un sistema de responsabilidad
compartida y solidaridad intraeuropea, apostaron por la externalización del
control de las “fronteras exteriores” de la UE con un foco particular en el
Norte de África, Oriente Medio y Sahel. Por este motivo, la llamada Política
Europea de Vecindad Sur conlleva graves consecuencias: impide la migración
hacia la UE a cambio de inversión extranjera directa o concesión de visados o,
lo que es aún más alarmante, la concesión de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).
Este modelo de gestión migratoria que, en 2015, se “justificó” en el marco
de la crisis, ha pasado a formalizarse y ser parte estructural del sistema
europeo común de asilo y migración.
Actualmente,
está en proceso de negociación el Nuevo Pacto Europeo de Migración y
Asilo, un conjunto de propuestas legislativas que lejos de poner en el centro
los derechos y la protección de las personas migrantes y refugiadas, consensuar
una acción coordinada y un reparto equitativo de responsabilidades, se decanta
por reforzar las fronteras, criminalizar la movilidad humana, aumentar los
retornos y definir un catálogo de peligrosas y difusas excepciones legales que
ponen en riesgo el derecho de asilo; y podrían constituir una violación de los
derechos humanos.
Este Pacto
consolida la mencionada externalización de las fronteras, bajo la delegación en
empresas privadas y terceros países. Esta estrategia pone aún más en riesgo las
vidas de las personas que intentan llegar a Europa por el Mediterráneo y por
otras rutas, obligándolas a emprender viajes cada vez más peligrosos. Las
personas que logran llegar a la UE, encuentran obstáculos para acceder a sus
derechos y se ven inmersas en trámites burocráticos sin garantías suficientes
frente a la expulsión. Y quienes consiguen permanecer, lo hacen
frecuentemente en situaciones de irregularidad administrativa, marginalizadas
de la sociedad y “sin derecho a tener derechos”. Como sucede en el resto de
Estados miembros, en el Estado Español residen más de 500.000 personas
extranjeras que no ven reconocidos sus derechos y son invisibilizadas y
discriminadas. Ante esta vulneración, más de 900 colectivos y
organizaciones han conseguido el apoyo de 700.000 personas a la Iniciativa
Legislativa Popular (ILP) que, de encontrar aprobación mediante Real Decreto,
pondría fin a esta situación que sufren centenares de miles de vecinos y
vecinas que no tienen acceso a derechos, trabajando y sobreviviendo de la
economía informal, siendo muchos de ellos menores de edad y mujeres.
Los acuerdos
bilaterales con países terceros, de carácter informal y sin control democrático
de nuestras instituciones, ya han demostrado que son contrarios al derecho a la
libre movilidad de las personas y sin garantías de respeto de los derechos
humanos. En este sentido, nos preocupa profundamente que, tras la escalada
de violencia y los ataques indiscriminados a la población civil de Gaza, la
Unión Europea esté acelerando las negociaciones de un acuerdo para externalizar
el control migratorio a través de Egipto, en relación a la potencial
llegada de personas migrantes y refugiadas de la región a Europa (como ya ha
sucedido en los pasados meses con países como Túnez).
Durante la
Presidencia española del Consejo de la Unión Europea resulta urgente promover
un cambio de rumbo en las políticas migratorias y de asilo que garanticen la
protección y el respeto de los derechos humanos, y no criminalicen a las
personas migrantes y refugiadas. En España se cuenta con una significativa
experiencia de varias décadas implementando mecanismos de acogida (no sólo para
solicitantes de asilo), fruto de una sociedad que mantiene actitudes solidarias
pese a las derivas reaccionarias que cada vez encuentran más espacio en las
instituciones españolas y europeas. Reconocer, exportar, complementar y
actualizar esta práctica, bajo un acuerdo que alcance a toda Europa y tenga a
los municipios de acogida como aliados, es posible no solo para dejar un legado
de dignidad en las páginas de su historia sino para atajar una de las raíces de
la cuestión; una política exterior económica colonial y racializadora que
necesita ser transformada.
Las más de
28.000 personas muertas (OIM) en el Mediterráneo desde 2014 nos interpelan a
cuestionar las políticas migratorias y de asilo europeas que, desde su enfoque
securitario, racial y criminalizador, generan más violencia e
inseguridad.
Por todo lo
expuesto, interpelamos a las autoridades españolas que en el marco de las
negociaciones a nivel de la UE promuevan:
Realizar un cambio
de enfoque de las políticas de migración y de asilo europeas, no centradas
en la securización y criminalización y sí en la protección de los derechos
humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.
Detener la
deriva de las negociaciones del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, poniendo
en el centro a las personas migrantes y refugiadas y sus derechos. Debe ser un
Pacto que garantice el acceso a la protección, el respeto del principio de no
devolución, y haga efectiva la solidaridad y responsabilidad obligatoria
compartida entre todos los Estados miembro.
Las políticas
de gestión de la movilidad humana no pueden ni deben estar vinculadas a
intereses privados de inversión económica ni el negocio de las fronteras en el
sur del Mediterráneo. La sociedad civil en estos territorios tiene que ser
agente clave del modelo de desarrollo que quieren promover desde sus propias
autonomías y sin imposición de los criterios europeos sean estatales o
privados.
Se precisa que
la Unión Europea promueva y garantice la protección especialmente de las
defensoras de derechos humanos de personas migradas y refugiadas, y que
deje de criminalizar su trabajo y compromiso.
Garantizar el salvamento y rescate en el mar Mediterráneo, además de asegurar un mecanismo europeo de
desembarco seguro y predecible. La protección de organizaciones humanitarias de
rescate de personas en el mar Mediterráneo debe de ser una prioridad para la
Unión Europea.
Poner fin a la externalización de responsabilidades en el control de la
llamada “frontera externa” de la Unión Europea. Los acuerdos con terceros países deberían estar
exentos de condicionalidades migratorias. Es necesario desvincular la AOD de
cualquier objetivo de condicionalidad migratoria. La UE y los Estados miembros
deben informar sobre la aplicación de los acuerdos formales, informales y
financieros con terceros países que puedan tener un impacto en los derechos de
las personas migrantes y refugiadas y la sociedad civil que defiende estos
derechos en terceros países. Finalmente, pedimos que se revisen urgentemente las
operaciones de Frontex en relación con el cumplimiento de los derechos
fundamentales, así como el establecimiento de mecanismos eficaces de rendición
de cuentas.
Garantizar la ampliación
de vías legales y seguras para que las personas migrantes, solicitantes de
asilo y refugiadas no se vean obligadas a arriesgar la vida en viajes
peligrosos a través del Mediterráneo en búsqueda de protección y oportunidades.
En concreto: asegurar los medios para que se pueda solicitar asilo en embajadas
y consulados europeos en el exterior, la expedición de visados humanitarios,
flexibilizar más los requisitos para la reagrupación familiar, aumentar los
compromisos de reasentamiento, así como facilitar el acceso a programas de movilidad
laboral o formativa en la Unión Europea.
Se precisa repensar la Política Europea de Vecindad Sur como un espacio
de encuentro multinivel y multisectorial entre Estados, sociedad civil,
organizaciones de personas migrantes y refugiadas y defensoras de derechos,
donde se puede promover la construcción de un diálogo descolonizador y
garante de los derechos humanos, donde las relaciones de los sures y nortes
del Mediterráneo sean en condiciones de igualdad y reconocimiento de la
diversidad y modos de vida y sin imposiciones
#ElPEMAmata
#NoAlPEMA #ViasLegalesiSeguras #StopRacismo
